La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tendrá desde ahora amplias facultades para aprobar, modificar y resolver trámites sin intermediarios, reduciendo tiempos y simplificando procesos.
El Ministerio de Economía oficializó un cambio clave para agilizar y simplificar la tramitación de los proyectos presentados bajo el Régimen de Crédito Fiscal, que financia capacitaciones para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y emprendedores.
Con la Resolución 181/2025, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa pasa a contar con amplias facultades para gestionar de forma directa los proyectos del Régimen de Crédito Fiscal, lo que incluye la aprobación de modificaciones y prórrogas, la evaluación y resolución de rendiciones de cuentas, la declaración de incumplimientos con la eventual aplicación de sanciones y la emisión del Bono Electrónico Fiscal conforme a lo dispuesto por la ARCA.
Esta delegación permite que todas estas decisiones se adopten en el mismo nivel operativo que tramita los expedientes, evitando pasos intermedios, reduciendo tiempos y simplificando el circuito administrativo para que los beneficios lleguen más rápido a las MIPYMES y emprendedores.
Según explicaron desde el Gobierno, hasta ahora, estos pasos requerían validaciones en escalones administrativos más altos, lo que podía retrasar la ejecución de los proyectos y la obtención de los beneficios fiscales. Con la nueva delegación, las decisiones se adoptarán en el nivel operativo que conoce de primera mano cada expediente, reduciendo tiempos y eliminando trabas burocráticas.
Según la norma, el objetivo es “facilitar y agilizar la tramitación” para que los programas de capacitación impacten más rápido en el crecimiento y la productividad del sector MIPYME, considerado estratégico para la economía nacional.
El Programa de Crédito Fiscal es una política pública de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que busca aumentar la productividad y competitividad de empresas y cooperativas a través de acciones de formación para sus trabajadores y personas desocupadas.
En la convocatoria 2025, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, las empresas podrán presentar propuestas de capacitación y, una vez aprobadas, ejecutadas y rendidas, acceder a un Bono Fiscal Electrónico para cancelar impuestos nacionales.
Pueden participar micro, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y cooperativas de trabajo, salvo aquellas registradas en el REPSAL.
El financiamiento varía según el tipo de entidad, con montos de hasta $6 millones o hasta $10 millones cuando se incluyan acciones para desocupados o sobre la cadena de valor.