El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso establece que el Presupuesto Nacional deberá ser equilibrado o superavitario, prohíbe la emisión monetaria para financiar el déficit, impone ajustes automáticos en caso de desvíos y prevé sanciones penales a los funcionarios que incumplan.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso el proyecto de “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, que busca establecer un marco jurídico permanente destinado a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.
El mensaje presidencial sostiene que la previsibilidad y la disciplina fiscal son condiciones necesarias para promover el desarrollo económico sostenido y proteger los derechos patrimoniales de los ciudadanos. Según el texto, el gasto público descontrolado y la emisión monetaria espuria han sido históricamente las principales causas de inflación y crisis recurrentes en la Argentina.
Entre los puntos centrales, el proyecto dispone que el Presupuesto General deberá proyectar siempre un resultado equilibrado o superavitario (artículo 1) y que no se admitirá ningún déficit financiero. En caso de que se reduzcan los ingresos o aumenten los gastos por encima de lo previsto, el Jefe de Gabinete estará obligado a recortar partidas para restablecer el equilibrio, con notificación al Congreso.
La iniciativa refuerza el principio de unidad y universalidad del gasto, estableciendo que todos los gastos del Sector Público Nacional deberán estar contemplados en la ley de presupuesto. Asimismo, toda ley que cree nuevos gastos solo entrará en vigor cuando dichos recursos estén expresamente incluidos en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 4).
El proyecto también impone la prohibición al Poder Ejecutivo de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar el gasto primario (artículo 8), una cláusula que busca poner fin a décadas de financiamiento monetario del déficit.
Uno de los aspectos más llamativos es la incorporación de sanciones penales. El texto modifica el Código Penal de la Nación, creando los artículos 248 ter y 287 bis. El primero reprime con 1 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta al funcionario que autorice gastos sin recursos acreditados; el segundo fija 3 a 10 años de prisión para quienes ordenen la emisión monetaria irregular desde el Banco Central. Además, se duplica la pena si se prueba ánimo de enriquecimiento personal (artículo 41 sexies).
En paralelo, la iniciativa introduce cambios en la Ley 24.156 de Administración Financiera y en el Decreto 1399/01, para integrar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al régimen de contrataciones y presupuestos nacionales.
El proyecto remarca su carácter de orden público y establece que sus disposiciones regirán a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Las reglas fiscales serán de aplicación obligatoria en la próxima formulación del Presupuesto Nacional.
En el mensaje de elevación, el Ejecutivo recordó que el Pacto de Mayo firmado en 2024 con 17 provincias y la Ciudad de Buenos Aires consagró el principio de equilibrio fiscal innegociable, que ahora se busca transformar en ley permanente.
Con esta propuesta, el Gobierno procura blindar la disciplina fiscal y monetaria, impedir futuros desvíos y enviar una señal de credibilidad y estabilidad institucional al mercado y a la sociedad.