El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) establece un sistema objetivo de categorización basado en ingresos brutos, parámetros físicos y nivel de gastos. Sin embargo, la fiscalización ya no depende exclusivamente de declaraciones juradas, sino de cruces automáticos de información digital.
El artículo 20 del Anexo de la Ley 24.977 regula las causales de exclusión de pleno derecho, entre ellas la realización de gastos personales incompatibles, depósitos bancarios no acordes con los ingresos declarados y niveles de compras que superen ciertos porcentajes de la categoría máxima.
A su vez, el último párrafo de ese artículo habilita al organismo recaudador —hoy ARCA— a utilizar esos parámetros para recategorizar de oficio cuando no se configure exclusión automática.
El artículo 26 inciso c) faculta al organismo a ajustar la categoría cuando el contribuyente no se recategorizó oportunamente o lo hizo en forma inexacta. En esos casos, puede liquidar diferencias, aplicar la multa del 50% del impuesto integrado y componente previsional omitido, y otorgar el derecho a interponer recurso conforme el artículo 74 del Decreto 1397/79.
En este esquema adquiere centralidad la Resolución General 4614/2019, que creó dos regímenes informativos diferenciados vinculados a operatorias digitales.
El Título I obliga a los procesadores de pago a informar el CUIT del vendedor, el rubro, la CBU o CVU, el monto total de operaciones comerciales realizadas y la comisión cobrada. Se trata exclusivamente de ventas de bienes y prestaciones de servicios cobradas por medios electrónicos.
Este punto es técnicamente determinante: no se informan transferencias personales, sino volumen de ventas procesadas.
El Título II, en cambio, alcanza a los proveedores de servicios de pago (billeteras virtuales), quienes reportan altas y bajas de cuentas, saldos mensuales e ingresos y egresos. No obstante, la obligación opera bajo umbrales cuantitativos mínimos, por lo que no toda operatoria resulta informada.
En la práctica fiscalizadora se observan tres escenarios frecuentes.
Primero, cuando el volumen de ventas electrónicas informado por Título I supera los ingresos declarados en la categoría vigente. Allí el organismo puede concluir que la recategorización fue omitida o inexacta y proceder al ajuste. Si el monto excede el tope de la categoría K, podría configurarse exclusión automática.
Segundo, cuando del Título II surgen ingresos o saldos incompatibles con la capacidad contributiva declarada. En ese caso podrían activarse los incisos vinculados a depósitos o gastos personales del artículo 20.
Tercero, cuando el nivel de compras y gastos inherentes a la actividad supera los porcentajes previstos en la norma, lo que habilita exclusión o recategorización según la magnitud.
Desde la perspectiva probatoria, la diferencia entre ventas comerciales procesadas y transferencias personales es central. Las primeras constituyen una presunción objetiva de ingresos gravados, mientras que las segundas pueden requerir análisis de trazabilidad y justificación.
Notificada la recategorización, el contribuyente dispone de 15 días para aceptar el ajuste con reducción de sanción al 50% o puede interponer el recurso correspondiente. Si la situación encuadra en exclusión, el organismo puede además inscribir de oficio en el régimen general, con impacto directo en IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes de autónomos.
En términos operativos, la RG 4614 consolidó un modelo de fiscalización digital permanente. El cruce entre facturación electrónica y cobros electrónicos es automático, mensual y objetivo.
Por ello, la cuestión técnica no radica en la mera existencia de movimientos en billeteras virtuales, sino en la compatibilidad entre los ingresos comerciales efectivamente procesados y la categoría declarada.
La recategorización de oficio, en este contexto, se presenta como consecuencia directa de la información sistémica disponible y no como una decisión discrecional aislada.
Riesgo de errores en la calificación de movimientos: cuando una transferencia puede aparecer como “venta”
En la práctica diaria empezó a aparecer una situación que genera bastante confusión: movimientos que no son ventas terminan impactando como si lo fueran.
La RG 4614 separa claramente dos tipos de información:
En los papeles la diferencia es clara. Pero en la práctica, no siempre el sistema distingue tan prolijamente.
Puede pasar que una transferencia entre particulares o un movimiento totalmente ajeno a la actividad comercial quede identificado como si fuera un cobro vinculado al negocio. Y si eso se informa como parte del “monto total de operaciones realizadas”, el sistema de ARCA puede interpretarlo como ventas procesadas, aunque no lo sean.
Esto suele ocurrir en situaciones bastante comunes, por ejemplo:
El problema es que lo informado bajo Título I tiene mucho peso: se trata como volumen de ventas asociado a un CUIT. Y como los cruces son automáticos, la recategorización puede dispararse sin que nadie revise el caso en forma previa.
En cambio, los datos del Título II (ingresos y egresos de cuentas) suelen requerir más análisis para determinar si efectivamente son ingresos gravados.
Por eso, cuando aparece una recategorización basada en información de plataformas, el primer paso siempre es revisar:
Hoy más que nunca, conviene mantener separadas las cuentas personales y comerciales, revisar periódicamente los reportes de las plataformas y evitar mezclar movimientos. En un esquema de fiscalización digital, un error de clasificación puede transformarse rápidamente en un ajuste.
Cómo puede defenderse el contribuyente frente a una recategorización de oficio
Cuando llega una notificación de recategorización de oficio, lo primero es no entrar en pánico y analizar bien el motivo.
El organismo puede haber actuado porque detectó:
El paso clave es ir al dato concreto que originó el ajuste. No alcanza con decir “no es así”. Hay que verificar si existen:
Si se detecta un error, la defensa debe enfocarse en demostrar que ese importe no es facturación omitida, sino un movimiento financiero sin carácter comercial. Para eso sirven extractos detallados, reportes descargados de la plataforma, comprobantes, notas de crédito, contratos o cualquier elemento que permita explicar la operación.
Desde el punto de vista formal, el contribuyente tiene 15 días para aceptar el ajuste con reducción de la multa al 50%, o bien puede presentar el recurso correspondiente y cuestionar el encuadre realizado.
Si la situación es más grave y deriva en exclusión del Monotributo con pase al régimen general, el análisis debe ser todavía más cuidadoso, porque el impacto alcanza IVA, Ganancias y autónomos.
En un sistema donde los cruces son automáticos, la defensa no se basa en discutir criterios generales, sino en reconstruir la realidad económica de cada movimiento y demostrar, con documentación, que la categoría declarada era correcta o que el dato informado fue mal interpretado.
La clave está en transformar un cruce sistémico en un análisis concreto y documentado.
Una solución razonable frente al problema
Si realmente se busca una solución coherente con la realidad operativa que hoy enfrentan miles de monotributistas, el enfoque debería ser más prudente y menos automático.
En primer lugar, sería razonable revisar y dejar sin efecto las recategorizaciones de oficio que se hayan basado exclusivamente en movimientos financieros de billeteras virtuales o cuentas bancarias, sin una verificación clara de que esos importes correspondan efectivamente a ventas no declaradas. No todo ingreso en una cuenta es facturación, y el sistema no puede partir de esa presunción sin análisis previo.
En segundo término, el procedimiento de recategorización debería incorporar una instancia previa de inducción o requerimiento de información. Antes de ajustar categoría o aplicar sanciones, el organismo podría notificar al contribuyente los datos detectados y otorgarle la posibilidad de demostrar que esos movimientos no provienen de su actividad gravada. Solo en caso de que no pueda justificar la diferencia debería avanzarse con la recategorización.
Finalmente, si el sistema tributario pretende alinearse con el llamado principio de Inocencia Fiscal, el orden lógico debería invertirse: primero informar, luego permitir explicar y recién después, si corresponde, sancionar. La comunicación previa de los datos en poder del organismo no solo fortalece el derecho de defensa, sino que también evita litigios innecesarios y ajustes basados en errores de clasificación automática.
En un entorno de fiscalización digital masiva, la tecnología no puede reemplazar al análisis razonable. La solución no pasa por endurecer los cruces, sino por equilibrarlos con garantías mínimas de revisión y defensa.